CON TRÁNSITO PESADO VERIFICADA LA RESISTENCIA DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CAUCA
Con éxito se llevó a cabo este martes 16 de febrerto de 2.016, la
prueba de resistencia para carga del puente sobre el río Cauca, una importante obra que
construye y hace parte de la infraestructura vial del Sistema Estratégico de Transporte
Público de Pasajeros de Popayán, la cual contribuirá a mejorar la movilidad en
el sector norte de la Ciudad.
La
prueba, que sirvió para verificar el comportamiento y la capacidad del Puente ante la
aplicación de la carga viva - Camiones de Diseño, tuvo una duración aproximada de cuatro horas y
fue diseñada y dirigida por el PhD Juan Manuel Mosquera y el Msc. Carlos Ariel
Hurtado.
Como conclusión, el
resultado de la prueba fue muy favorable, por cuanto el comportamiento de la estructura del puente cumplió
con los requerimientos técnicos que permiten darlo al servicio de la comunidad,
una vez se terminen trabajos complementarios, relacionados con la
semaforización y el alumbrado público.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC IMPUSO SANCION POR DESVIO DE AGUAS DE UN RIO PARA USO PERSONAL
En una acciones de protección y vigilancia se encontraron varias irregularidades para la captación ilegal
de agua en el Norte del Cauca.
La Corporación Autónoma del
Cauca, realizó un recorrido en el Norte del Cauca, donde se encontraron varias
captaciones ilegales de agua, en el río Guengue, municipio de Corinto.
Los funcionaros de la
Corporación destruyeron los trinchos e hicieron que el infractor retirara la
motobomba que estaba utilizando para sacar agua del río. Seguido a esto impuso
medida preventiva, para iniciar los respectivos trámites jurídicos al
infractor.
La Corporación hace un
llamado, a todos los alcaldes municipales para que den estricto cumplimiento a
la resolución 8431 de 2016, en lo referente a la destrucción de trinchos y
cualquier obra que ilegalmente interrumpa el libre discurrir de las aguas
superficiales.
p
Visita del Gobernador del
Cauca a la Costa pacífica Caucana
Durante el pasado fin de semana, el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo
Hurtado en compañía de todo su equipo de gobierno visitaron los municipios de
Guapí, Timbiquí y López de Micay. Por primera vez en la historia, un mandatario
seccional visita los tres municipios de la Costa Pacífica con el objetivo de
estructurar de manera participativa el Plan de Desarrollo Departamental.
Según el mandatario de los caucanos, la
participación de la comunidad es vital dentro de la construcción, ejecución y
seguimiento de los planes, programas y proyectos que serán vinculados a las
líneas bases del Plan de Desarrollo Departamental, por lo que “se hace necesario que exista un
diálogo permanente entre las colectividades a fin de garantizar la priorización
y el tratamiento adecuado de las necesidades de cada uno de los municipios, sus
comunidades étnicas y sus poblaciones más vulnerables, este objetivo solo se
consigue cuando se dialoga con la comunidad; escuchando experiencias, así como
vivencias que darán luz y guía sobre el debido proceder y accionar de la
administración” indicó Óscar Campo, gobernador del Cauca
Mujeres, jóvenes, educadores, afros,
indígenas, alcaldes, concejales, actores gremiales, autoridades eclesiásticas y
fuerzas vivas de cada municipio, hicieron presencia en los escenarios donde se
desarrollaron esta serie de talleres en pro de la construcción articulada del
Plan Desarrollo Departamental. De igual forma, los municipios aprovecharon
estos espacios para direccionar también sus planes de desarrollo municipales en
concordancia con el departamental, así lo dio a conocer Wilmer Riascos Arboleda,
alcalde del municipio de López de Micay, quien expresó la emoción de la
comunidad porque “es la primea vez que un Gobernador con su equipo de
trabajo se desplaza a la comunidad de López, esto demuestra el compromiso de la
gobernación por consolidar un desarrollo integral a la región pacífico ”.
INFORME DE LA FLIP SOBRE VIOLACIÓN Y AMENAZAS A PERIODISTAS EN COLOMBIA.
El lunes 8 de febrero de 2016 la Fundación para la Libertad de Prensa
(FLIP) publicó su informe anual “Paz en los titulares, miedo en la
redacción”, en el que se hace un diagnóstico de las condiciones en la
que periodistas y medios de comunicación realizaron su labor durante
2015.
De entrada, el panorama no es alentador. El 2015
fue el año más violento de los últimos seis para la prensa, se
registraron 147 ataques que dejaron 232 periodistas víctimas. Este
último número representa un incremento de un 39% frente al 2014. Dentro
de estos lamentables hechos están los asesinatos de Luis Peralta en el
Doncello, Caquetá; el de Flor Alba Nuñez en Pitalito, Huila; y el
secuestro de Juan Diego Restrepo por parte del EPL en El Catatumbo.
Adicionalmente, la impunidad sigue siendo una
constante en nuestro país. De los 152 periodistas asesinados por razones
de su oficio, cuatro casos prescribieron en el 2015. Este número se
suma a los 74 casos que la justicia había dejado vencer en años
anteriores para sancionar a los responsables de crímenes contra la
prensa.
Por otro lado, la eventual firma de un acuerdo de
paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc plantea varias
preguntas para la libertad de prensa. Una de ellas es ¿Hasta qué punto y
en qué forma deben los medios hacer difusión de los acuerdos de paz? El
proyecto de ley establece que, tanto las emisoras de radio como los
canales de televisión, deben disponer de cinco minutos de su parrilla de
programación en horario prime time para la difusión de este tema.
Sin embargo, en el proyecto no se especifican las
condiciones para esta difusión. En el estudio que la Corte
Constitucional hace sobre la iniciativa legislativa, se debe tener en
cuenta que esta obligación no se puede convertir en una imposición de
contenidos por parte del Gobierno a los medios de comunicación.
La FLIP identificó, además, que en 2015 la Fiscalía
y los jueces de la república actuaron como censores en repetidas
ocasiones. El Fiscal General Eduardo Montealegre, citó varias veces a
periodistas para que declararan sobre hechos relacionados con su oficio.
Algo similar ocurrió el 3 de julio de 2015 cuando, luego de unas
explosiones de baja intensidad en Bogotá, el Fiscal les pidió a los
periodistas que hubieran registrado los hechos en audios y videos que
entregaran el material a la Fiscalía o la Policía. Montealegre advirtió,
que si esos archivos llegaban a manos de periodistas o medios de
comunicación, se estaría incurriendo en un delito.
En cuanto al cubrimiento de audiencias y juicios
penales, los periodistas continuaron teniendo dificultades. La labor de
los reporteros se puede agravar en caso de que se apruebe la reforma al
Código de Procedimiento Penal que establece que los periodistas deben
hacer una “reproducción fiel” de lo que ocurre en las audiencias. Esto
último puede traer graves problemas a la libertad de prensa.
En 2015 el programa de protección a periodistas
cumplió 15 años. El balance general muestra que los esquemas de
seguridad todavía se demoran mucho en ser implementados y la reacción de
las autoridades ante riesgos inminentes sigue siendo lenta.
Adicionalmente, en el interior del programa se han hecho varios cambios
que propiciaron el aumento en la burocracia para la toma de decisiones,
los casos de corrupción y se han presentado sobrecostos. Uno de los
temas pendientes del programa es la persecución y sanción a las personas
que amenazan a periodistas, el rol pasivo que ha jugado la Fiscalía en
este sistema, muestra que se trata de una política de Gobierno, sin ser
todavía una política de Estado.
Este año se presentó el informe del Centro Nacional
de Memoria Histórica “La Palabra y el Silencio. La violencia contra
periodistas en Colombia (1977-2015)”. El documento muestra que la
mayoría de periodistas asesinados por razones de oficio -112 de 115-
trabajan en medios pequeños y que la concentración de estos hechos está
en Cali, Medellín y Bogotá (24%). Solo en cuatro casos se ha condenado
al autor intelectual y el narcotráfico fue uno de los principales
perpetradores de estos hechos entre 1977 y 1995, seguido por los grupos
paramilitares hasta el 2005. Se destaca también la participación de
funcionaros públicos y guerrilleros en estos crímenes.
Para acceder al informe haz click aquí.
EN SANTANDER DE QUILICHAO AUTORIDADES COMBATEN LA COMERCILIZACIÓN DE CARNE EN MAL ESTADO.
La
Secretaria de Gobierno y salud en un trabajo mancomunado con el Frigorífico Quilichao y
la Policía Nacional realizaron acciones para evitar el expendio de carne de dudosa procedencia que iba con destino a famas del municipio para su comercialización y luego paras consumo humano.
Con
el fin de acabar con este delito que se ha convertido en un dolor de cabeza para las
autoridades sanitarias y la administración municipal, se adelantan operativos durante las 24 horas del días para poder desmantelar mataderos clandestinos que estarían funcionando en Santander de Quilichao. Se están adelantando una
serie de acciones que van a permitir el control y de esta manera evitar la venta de carne en condiciones
antihigiénicas.
El
pasado viernes 12 y sábado 13 de febrero gracias a controles que por parte de
la policía nacional se están implementando, se logró el decomiso de 4 reses que
estaban incumpliendo con los requisitos sanitarios. Carnes que provenían de un matadero
clandestino e iban a ser repartidas en la plaza de mercado. Esta carne se encontraba
distribuida en dos vehículos, uno ya presentaba antecedentes por la misma
modalidad.
Los
controles se seguirán realizando con el fin de garantizarle a todos los
Quilichagüeños que la carne que llega a sus hogares tenga todos los estándares
de calidad.
CONSEJO DE ESTADO SUSPENDE TABLA DE AVALUÓ DE VEHÍCULOS
Tomado textaualmente del diario del tiempo.
Consejo
de Estado suspende tabla que incrementó avalúo de vehículos. El alto tribunal aseguró que se encontraron
pruebas de que la "expedición fue irregular". Usuarios de vehículos demandaron la medida
del Gobierno ante el Consejo de Estado. Usuarios
de vehículos demandaron la medida del Gobierno ante el Consejo de Estado. La sección cuarta del Consejo de Estado
impuso una medida cautelar con la que suspendió la resolución 5358 del 30 de
noviembre del año pasado con la que el Ministerio de Transporte incrementó los
avalúos de los vehículos y, por lo tanto, los impuestos de este sector. La decisión del alto tribunal se dio en medio
del recurso de nulidad de la Asociación Colombiana de Usuarios de Vehículos
Particulares, que le pidió a la jurisdicción contenciosa administrativa tumbar
la polémica medida del Gobierno. Esa resolución, que empezó a regir desde
enero, afecta a unos 11 millones de vehículos automotores. Esa solicitud fue acompañada por el
procurador General, Alejandro Ordóñez, quien afirmó la semana pasada que el
gobierno "no puede seguir metiéndole impunemente la mano al bolsillo de
los colombianos". El jefe del Ministerio Público afirmó que la medida del
Ejecutivo es “injusta e inequitativa” y además “desconoce abiertamente las
realidades que está regulando”. En el
proceso, la Asociación de Usuarios de Vehículos expuso que la resolución es
contraria a la ley porque desconoció la norma que indica que es el legislador
(Congreso) y no el Ministerio de Transporte el "encargado de fijar la base
gravable del impuesto de vehículos automotores". Esta Asociación argumentó que el Gobierno
estableció la base gravable de los vehículos para el 2016 sin tener en cuenta
la realidad del mercado, por lo que desconoció "los principios de equidad,
eficacia y progresividad del sistema tributario". Además, dicen los demandantes,
no tuvo en cuenta la capacidad de pago de los propietarios. Según el Consejo de Estado, la decisión de
suspender la resolución se tomó porque se encontró "prueba de la
expedición irregular, por falta de motivación y por inexistencia de trámites
previos de divulgación de la Resolución 5358". El Consejo de Estado dice en su decisión que
se encontraron pruebas de que el Gobierno no le dio la suficiente divulgación y
publicidad a la medida que adoptó sobre los vehículos. "La resolución
omitió explicar las razones por las cuales el Ministerio de Transporte debió
introducir los incrementos en el avalúo comercial de los vehículos sujetos a
impuesto en el año 2016", dice el auto del alto tribunal. "Suspéndase de manera provisional y
preventiva, la aplicación de la resolución 5358 del 30 de noviembre del 2015,
dictada por la actual Ministra de Transporte", asegura en el documento. El alto tribunal también le ordenó a la
ministra de Transporte, Natalia Abello, que "asegure el cumplimiento de
esta orden judicial". En todo
caso, el Ministerio de Transporte modificó el jueves pasado la tabla de avalúos
y les puso un tope del 6,7 por ciento, nueva resolución que aún no ha sido
publicada.
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